Opinión

Mancillando la democracia

puigdemont y junqueras en el Parlament

La opinión de Javier Arco

El pasado día 7 de diciembre el independentismo catalán celebró una manifestación en Bruselas, la capital de Europa. En la pancarta principal se podía leer “Europe Wake Up! Democracy for Catalonia” (“¡Europa despierta! Democracia para Cataluña”). Pero si de algo ha carecido la actuación de los líderes independentistas es precisamente de democracia. Es frecuente escuchar en el debate público manipulaciones del concepto de democracia por parte tanto de los independentistas como por el gobierno. Un Estado democrático se compone a grosso modo de tres elementos: el Estado de derecho, la participación política (voluntad popular) y un mínimo de derechos sociales (cohesión social). Desde luego, ni el Estado de derecho ni la voluntad popular por sí solos pueden definirse como “democracia”, ya que hablamos de un concepto mucho más complejo.

El debate entre el PP y los líderes independentistas (JxSi y la CUP) posee cierto parecido al debate entre el primer Rawls (Teoría de la Justicia) y los comunitaristas, en especial MacIntyre. En primer lugar, para el PP al igual que Rawls, parece que el derecho se encuentra por encima del bien, es decir, no hace falta ninguna idea de bien para configurar la justicia. Apoyándose en la “neutralidad de la ley”, el Partido Popular ha estado ignorando un reclamo de soberanía cada vez mayor, por parte del movimiento independentista. Su forma de actuar ha sido: “no pienso escuchar tu reclamo, pues estoy legitimado para detenerte en cualquier momento;  tú estás fuera de la ley y yo no”. Así, han utilizado la Constitución como norma suprema incuestionable, que no puede cambiar a pesar de que la sociedad lo haga.

En el otro extremo encontramos a los independentistas (el abanico de JxSi y la CUP), que conciben la democracia únicamente en clave de voluntad popular, ignorando y desobedeciendo las leyes que pudieran interferir en su proyecto. Aunque su mayor error sin duda ha sido, igual que MacIntyre, la extrapolación de su idea de bien común a toda la sociedad. En un acto de coraje o quizás ingenuidad, el bloque independentista se presentó a las elecciones de 2015 pensando que iban a ser mayoría. Y lo fueron, pero en escaños, no en votos. Tras haber perdido su propio plebiscito impusieron su “concepción de vida buena” a toda la sociedad catalana, intentando fijar un bien común indivisible e ignorando como consecuencia el resto de concepciones. La tesis principal de los independentistas asentada desde 2012 posee varios componentes. Para empezar definen el “nosotros”: Cataluña es una nación. Para que se convierta en una verdadera nación necesita un Estado propio. Existe una triple identificación entre el pueblo, la nación y la construcción de un Estado propio, por lo que aquel que no comparta el ideal de independencia o no considere a Cataluña como una nación no será considerado “pueblo”. A esto se une lo que según ellos es la “irreformabilidad” de España; que relacionan justifican mediante tres factores: a) El famoso lema “España nos roba”, b) el Estado español no nos reconoce y, c) la identificación de España con el Partido Popular.

Este dualismo ha estado falto de un relato alternativo, un relato que construya en lugar de destruir a la otra parte. El resto de partidos se ha ido sumando a uno y otro bando, sin romper con el discurso hegemónico PP-Independentistas. Solo en esta campaña electoral se están escuchando voces de consenso por parte del PSC y los comunes. No obstante, llegan muy tarde, pues tiempo atrás el PSC se manifestaba junto a los constitucionalistas, mientras que los comunes y Podemos se acercaban hacia el discurso independentista por intereses políticos (ya que de ahí extraen buen rédito electoral).

El odio

Durante este tiempo, sobretodo antes y después del 1-O se ha ido fomentando el odio hacia el otro, lo cual se ha visto bastante reflejado en el vocabulario político. Se ha calificado al 1-O y a la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI) como “golpe de Estado” y a las detenciones de parte del gobierno hacia independentistas, como “presos políticos”. Y la verdad es que ambos se equivocan. Un golpe de Estado es tomar el poder del gobierno directamente y por la fuerza y atañe a la soberanía de todo el Estado (no solo de una Comunidad). Lo que ocurrió con Tejero por desgracia sí que fue un buen ejemplo de golpe de Estado. Por otra parte un “preso político” no es cualquiera que haya sido encarcelado por causas políticas, ya que por motivos políticos también puede infringirse la ley. Cosa muy distinta es que la actuación del Estado haya sido o no proporcional. Pero ahí entraríamos en otro debate. Si cualquiera de nosotros infringe la ley, en especial la Constitución, seguramente que no se quejaría de ser un preso político; es normal que reciba condena. ¿Entonces por qué se utiliza esta terminología? Para intentar tiranizar al rival político, convirtiéndolo en un enemigo. Este tipo de lenguaje es el que hay que omitir si queremos llegar a acuerdos o grandes pactos de progreso. El problema de nuestros representantes es que han impuesto su interés político antes que el interés general. El 1-O benefició tanto a los independentistas, ya que les dio un discurso mediante el cual justificar la DUI, como al PP, que de cara a España, sobretodo a sus votantes, habría actuado de forma ejemplar.

¿Existe solución al problema?

Las elecciones de este 21-D probablemente no solucionen nada si hay mayoría absoluta independentista. Me da la sensación de que los partidos (en general) no llegarán a un consenso a no ser que se vean forzados a ello. Por otra parte, los partidos independentistas y en especial la CUP han asumido (aunque traten de negarlo) la legalidad de las elecciones al participar en ellas; esto puede perjudicar a su relato junto a la fuga de su “líder” Puigdemont. Mucho tienen que cambiar las cosas para que esta fractura social vaya desapareciendo. De no haber contemporizado y haber actuado al respecto, el problema podría haberse solucionado desde 2010, con una negociación posterior a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatut de Cataluña, o bien tras el plebiscito fallido de 2015. Cataluña necesita un discurso constructivo y transparente; que sus representantes tras estas elecciones, tengan la decencia y la altura política como para comenzar a hablar de medidas concretas y llegar a acuerdos. Que no solo se prometa en campaña electoral, sino que se lleve a cabo. Dejar atrás el interés político que tantos conflictos ha causado para abrir una nueva época de cambios, alejada de los egos, de enfrentamientos entre la ciudadanía y en definitiva, que se utilice la democracia con propiedad, no como arma arrojadiza hacia el rival político.

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